Dos miembros de la familia Weinberg y un socio de larga data, quienes durante décadas proveyeron servicios de seguridad millonarios al gobierno mexicano, alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía General de la República para convertirse en testigos colaboradores y testificar sobre la corrupción política en el país. Los Weinberg han sido vinculados al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien, junto a su esposa, fue recientemente condenado en una corte de Miami a pagar cerca de 2.500 millones de dólares por presuntos beneficios de operaciones fraudulentas con ellos. No obstante, este caso revela algo explosivo: supuestos sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
El proceso se inició en 2020 con una investigación de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada por delitos de peculado, operaciones con fondos de origen ilícito y crimen organizado, involucrando a 61 individuos. La Unidad de Inteligencia Financiera utilizó esta pesquisa para presentar una demanda civil en Miami en septiembre de 2021. Esta demanda representa un logro significativo para el gobierno.
La trama se origina cuando los Weinberg, Samuel y su hijo Alexis, temiendo que el cambio de gobierno a finales de 2012 pudiera afectar sus contratos con el Estado, recibieron la sugerencia de un amigo de contactar en Miami a Jorge Fernández Moreno y Adolfo del Cueto Arámburu. Ellos administraban allí la firma de corretaje Bulltick, cuya licencia para operar en la Bolsa Mexicana de Valores había sido cancelada meses antes de la transición gubernamental debido a fallas en sus controles de riesgo que causaron un desplome bursátil.
Los Weinberg, junto a su socio Natan Wancier Taub, un excapitán de la Fuerza Aérea israelí que les sirvió de enlace con el conjunto de empresas de tecnología, militares y de seguridad israelíes, procedieron según la sugerencia. Los tres relataron en Miami ante fiscales federales una versión prácticamente idéntica de los hechos. Según declararon, “Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu nos indicaron que poseían contactos relevantes y comunicación directa con el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto”. Y añadieron: “Fernández Moreno afirmó tener comunicación directa con el presidente Enrique Peña Nieto”.
En ese momento, ellos desconocían la estrecha relación entre Fernández Moreno y Peña Nieto. La esposa del financista mantenía una amistad cercana con la actriz Angélica Rivera y la recibió en su hogar en Miami después de su primer divorcio. Durante esa época, Peña Nieto inició su relación amorosa con Rivera y la visitaba en Miami, pasando considerable tiempo con la pareja que hospedaba a Rivera.
“Fernández Moreno”, añadieron los Weinberg y Wancier Taub, “nos pidió efectuar un pago disimulado como ‘contribución política’ de un millón de dólares para facilitar nuestros futuros negocios con el nuevo gobierno federal de Peña Nieto. Nos garantizó que Peña Nieto estaría al tanto de este pago. Dicha transferencia se concretó a finales de 2011 o principios de 2012 bajo el concepto de ‘contribución política’, directamente a Fernández Moreno. En enero de 2013, Fernández Moreno nos comunicó por email que se había encontrado en persona con el secretario Miguel Ángel Osorio Chong y que ‘el proyecto avanza’.”
Los Weinberg afirmaron que nunca tuvieron encuentros con Peña Nieto ni con Osorio Chong, pero depositaron su confianza en sus nuevos contactos. Para simplificar los trámites, decidieron constituir una nueva empresa, Nunvav Technologies Inc. S.A., que operaría asociada con Nunvav Technologies (de los Weinberg y Wancier Taub) y dos compañías con sede en Bahamas, High Systems Ltd. y Old Fort Financial Ltd. En estas últimas participaría también un individuo llamado Robert Jensen, cuya identidad o función no se especifica. En febrero de 2014, Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu adquirieron el 82.5% de las acciones de la nueva empresa.
Los Weinberg y Wancier Taub declararon que la adquisición de acciones se acordó a cambio de asegurar nuevos contratos con el gobierno de Peña Nieto. “Según nuestras conversaciones con Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu, comprendimos que Peña Nieto, Osorio Chong y otros funcionarios públicos se beneficiarían de los pagos realizados (a sus nuevos socios)”. Efectivamente, los contratos se obtuvieron tal como habían prometido los financistas.
Entre mayo y noviembre de 2016, precisaron, “realizamos pagos por 19.843.950 dólares, camuflados como ‘contribuciones políticas’, dirigidos a la estructura de Peña Nieto/Osorio Chong y a su partido político, mediante transferencias efectuadas desde Barbados a diversas empresas”. En sus testimonios se mencionan los nombres de nueve de estas, aunque los anexos listan aún más compañías empleadas para estas operaciones.
Entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016, efectuaron pagos adicionales, también presentados como “contribuciones políticas”, a Peña Nieto, Osorio Chong y al PRI, utilizando empresas de fachada y canalizando las operaciones a través de Vector Casa de Bolsa, una firma cofundada por Alfonso Romo, quien fue jefe de Oficina del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El monto superó los 47 millones de dólares. Los Weinberg y Wancier Taub puntualizaron: “Los pagos que realizamos directamente para el grupo de Peña Nieto/Osorio Chong ascendieron al menos a 99.722.755 dólares”.
“Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu aseguraron que las ganancias obtenidas se repartieron entre funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto”, agregaron. “Por lo que entendimos de Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu, esto involucraba al presidente Enrique Peña Nieto y al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Como esta fue una operación interna de esa administración y esos funcionarios, no conocemos la identidad de los otros beneficiarios. No estuvimos presentes en reuniones con altos cargos del gobierno de Enrique Peña Nieto”.
El pacto con la Fiscalía General de la República les asegurará la libertad, aunque implicará la pérdida de casi todos sus bienes y el pago de una compensación multimillonaria por los perjuicios. Los tres tienen prevista una audiencia hoy en la Ciudad de México. La atención se desplazará ahora hacia Fernández Moreno y Del Cueto Arámburu, quienes permanecen en Miami y contra quienes se emitirá una orden de arresto, con la posibilidad eventual de ofrecerles un acuerdo similar de testigo colaborador, siendo la figura más relevante en este escenario, histórica y judicialmente, la de Peña Nieto.
Mañana: Los negocios de los Weinberg y García Luna.